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Noticias  /  El Tribunal Supremo condena a una empresa por comunicar a otra las causas del despido de un trabajador, que fue incluido en una lista negra

El Tribunal Supremo condena a una empresa por comunicar a otra las causas del despido de un trabajador, que fue incluido en una lista negra

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia nº 609/2015 de 12 de noviembre de 2015 (Rec. 899/2014; Ponente: señor Sarazá Jimena) (ver enlace más abajo), ha condenado a a la empresa Construcciones de las Conducciones del Sur (Cotronic) por vulneración del derecho a la protección de los datos personales y del derecho al honor de un trabajador, por comunicar la causa de su despido a otra compañía (Telefónica) con el fin de incluirlo en una lista negra, que dificultó la búsqueda de un nuevo empleo.

01/01/1970

La Sala Primera del Tribunal Supremo, en sentencia nº 609/2015 de 12 de noviembre de 2015 (Rec. 899/2014; Ponente: señor Sarazá Jimena) (ver enlace más abajo), ha condenado a a la empresa Construcciones de las Conducciones del Sur (Cotronic) por vulneración del derecho a la protección de los datos personales y del derecho al honor de un trabajador, por comunicar la causa de su despido a otra compañía (Telefónica) con el fin de incluirlo en una lista negra, que dificultó la búsqueda de un nuevo empleo.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, considera que se ha producido una vulneración de los derechos fundamentales al honor y a la protección de datos de carácter personal del trabajador despedido.

En su sentencia, el TS afirma que la cesión de datos fue ilícita porque no contó con el consentimiento del afectado y, además, que lo datos no eran veraces y afectaban negativamente a su reputación.

Las llamadas listas negras son ficheros de datos personales formados mediante la recogida y difusión de determinada información relativa a un determinado grupo de personas, que generalmente implica efectos adversos y perjudiciales para las personas incluidas en la misma, que pueden consistir en discriminar a un grupo de personas al excluirlas de la posibilidad del acceso a un determinado servicio o dañar su reputación.

La Sala anula las sentencias anteriores de la Audiencia Provincial de Barcelona y del juzgado de Manresa que rechazaron la demanda del trabajador y acuerda la cancelación de datos personales del recurrente y el pago de una indemnización de 30.000 euros por daños morales.

Fuente: Prevención Integral

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