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La Unión Europea redobla sus esfuerzos contra el fraude alimentario, una práctica que produce pérdidas millonarias y resiente la confianza del consumidor

26/05/2022

Como resultado de la desconfianza que se ha generado en cuanto a los alimentos y su etiquetado, así como los casos en los que se han detectado fraudes en aspectos básicos como el etiquetado, la seguridad y la composición del alimento, la industria alimentaria está cada vez mas preocupada por aclarar y hacer ver a los clientes la importancia de la transparencia en cuanto a las características del producto que está comprando.

Es importante tener esto en cuenta, en relación tanto a legislación alimentaria, como con otros aspectos fundamentales vinculados al fraude en los alimentos comercializados en la Unión Europea. 

Podemos establecer como punto de partida el reglamento 882/2004, en el ámbito del control oficial de los productos alimenticios, siendo el objetivo del mismo hacer frente al fraude, y evitar las políticas propias de cada país, cuyos resultados raramente eran visibles.

En España, el real decreto 1945/1983 ya regulaba sanciones e infracciones en materia de defensa del consumidor,  estableciendo orientaciones básicas en cuanto al control  y el fraude de alimentos comercializados en la Unión Europea. Actualmente la ley 28/2015 lucha contra la estafa, centrándose además de en aspectos vinculados con la calidad alimentaria y su defensa, en aspectos de prevención alimentaria, siguiendo las recomendaciones de la UE, siendo el objetivo la lucha contra el fraude alimentario.

Más de un 50% del fraude es del tipo documental.

• El origen del fraude vinculado con el etiquetado, oscila en torno al 36%
• Ausencia de documentación 5%
• Falsificación de documentos y certificados 9%
• Incumplimientos en relación al etiquetado de los productos 36%

EU Food Fraud Network (Red de Fraude Alimentario de la UE)

En relación a estos datos, la Unión Europea intenta limitar el impacto de los incidentes en la industria alimentaria, por la necesidad de recuperar la confianza de los consumidores y clientes y el impacto del fraude en el sector. 

Para ello es necesario el desarrollo de la legislación alimentaria aplicable, considerando el fraude alimentario y centrándose al mismo tiempo en otras cuestiones  como la protección de alimentos de calidad diferenciada, cuyo reconocimiento y prestigio es necesario proteger. Por otra parte,destaca el coste económico de las pérdidas asociadas, el cual asciende a 90 millones de euros, como dato constatado por “Origen España” en un estudio publicado a finales de 2013.

Como conseuencia de la necesidad de reducir el fraude alimentario, es necesario el establecimiento de una serie de ejes de trabajo:

• Revisión de la legislación alimentaria de aplicación al control de los alimentos 
• Lograr mayor transparencia en las cadenas de suministro, acortando las mismas y  reduciendo así las posibilidades de fraude
• Potenciar el papel de los cuerpos y fuerzas de seguridad alimentaria
• Regular el derecho penal de los miembros que realicen fraude alimentario, garantizando su proporcionalidad y efectividad
• Publicitar los hechos de los infractores para que el consumidor conozca  las infracciones que se producen en relación a la legislación alimentaria.
• Potenciar la importancia del etiquetado de los alimentos, para que consumidores sepan como acceder a esta información e interpretarla adecuadamente.

Impulso de las buenas prácticas

Promover la conexión entre la legislación alimentaria y la represión de la estafa, derivando de ello la revisión del marco regulatorio y su estricta adaptación y cumplimiento, es fundamental, y ademas esto debería realizarse teniendo en cuenta aspectos como la trazabilidad y el etiquetado, además de otros elementos que inciden en el fraude, contribuyendo a la adaptación a una nueva realidad que permitirá la recuperación de la confianza del consumidor en los alimentos que adquiere. Por último, incrementar las inspecciones en defensa de la calidad alimentaria es necesario, como muestra de la preocupacion existente, como medio para la lucha contra el fraude alimentario.

Fuente: consumer.es