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Algunas empresas ya están obligadas al informe no financiero

28/03/2019

Esto va a suponer una revolución en la forma en que las empresas reportan sus impactos ambientales, sociales y de gobierno porque además, esta Ley es de aplicación retroactiva, con efectos desde el 1 de enero de 2018 y de aplicación a las juntas de accionistas que se celebran ya este mismo año, lo que obligará a muchas sociedades a adaptar sus memorias anuales para incluir la información no financiera.

También implica importantes cambios en la forma en que las empresas reportan sus impactos ambientales, sociales y de gobierno, introduciendo ciertas exigencias sobre la información no financiera a informar:

• Será verificada a través de un experto independiente.
• Será fácilmente accesible desde la web de cada sociedad.
• Se presentará como punto separado en el orden del día para su correspondiente aprobación en junta.

Sujetos obligados

En relación con las novedades sobre los sujetos obligados, deberán reportar esta información no financiera las sociedades donde el número medio de trabajadores sea superior a 500 y las que, o bien sean entidades de interés público, o durante dos años seguidos superen los 20 millones de euros de activos, los 40 millones de cifra de negocio anual o en las que el número medio de trabajadores sea superior a 250.

A su vez, la Disposición transitoria amplía el número de sociedades afectadas, aunque con un periodo de transición: tras los tres años desde la entrada en vigor, tendrán que presentarla también las empresas con más de 250 trabajadores que, o sean entidades de interés público, excepto las consideradas como PYMES por la normativa europea, o que durante dos años hayan superado los 20 millones de activos o cuya cifra de negocio haya rebasado los 40 millones.

Áreas objeto de información

Incluirá una descripción del modelo de negocio (entorno empresarial, organización, mercados donde opera, objetivos y estrategias, y los grandes riesgos vinculados a su actividad).

Debe incorporar indicadores clave de resultados no financieros que permitan el seguimiento y la evaluación de los progresos y que favorezcan la comparación entre sociedades y sectores.

La información debe ser de las siguientes áreas:

1. Medio ambiente: Información sobre los efectos de la actividad en el medio ambiente; los recursos destinados a prevenir los riesgos ambientales; las medidas para reducir la contaminación (emisiones de carbono, ruido y contaminación lumínica) y la gestión de residuos (reciclaje, reutilización, recuperación y contra el desperdicio de alimentos); el uso de los recursos (consumo de agua y materias primas, energía, eficiencia energética y utilización de energías renovables); el cambio climático (emisiones generadas y las metas para reducirlas); y la protección de la biodiversidad.
2. Social y personal: Incluye las medidas para garantizar las condiciones de trabajo, el diálogo social, la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación, la inclusión de personas con discapacidad y la accesibilidad universal. Entre los datos a aportar, la remuneración media de los trabajadores y de consejeros y directivos (incluyendo retribución variable, dietas y planes de pensiones).
3. Derechos humanos: Información sobre la prevención de los riesgos en esta materia y eliminación del trabajo forzoso e infantil.
4. Corrupción y soborno: Información sobre los instrumentos para luchar contra ellos y el blanqueo de capitales, así como las aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
5. Sociedad: El impacto en las poblaciones locales, la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, ambientales y de igualdad para identificar posibles riesgos en la cadena de suministro, medidas para la salud y la seguridad de los consumidores e información fiscal.

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